El jueves el Ejecutivo daba vía libre a la perforación de sondeos exploratorios en busca de petróleo en aguas de Lanzarote y Fuerteventura y, al mismo tiempo, en Canarias comenzaba a arder Troya. El Gobierno autonómico no tardó en criticar la decisión de su homólogo central, alegando que, al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental, abre la puerta a Repsol para que “haga lo que quiera en aguas canarias” y lamentando que no se haya aplicado el mismo rasero que en el caso de Baleares, donde las prospecciones petrolíferas aún no han sido autorizadas.

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